AL FIN PEGAMOS UNA!!!
TENDREMOS UNA EXPERTA EN MUNICIPALISMO
Después de tantas noticias que nos deprimen, al fin tenemos una que nos alegra por lo que puede aportar a la administración municipal.
Nos han comentado que su asesora jurídica Dra. Mónica Reggiardo, que viene cumpliendo funciones desde la era Acosta, está cursando una maestría, un post grado, relacionado al municipalismo, lo que significará un aporte para enderezar en algunos aspectos en materia de manejo de la cosa pública local, cuyas deficiencias son notorias aun cuando hubo reforma constitucional y fue sancionada con posterioridad la Ley 10.027 que vino a suplantar la 3001 que estaba en vigencia desde 1934.
Es sin lugar a dudas una materia pendiente para todos los funcionarios y para los legisladores provinciales este tema que quedó demasiado rengo con posterioridad a la sanción de la mencionada ley y su reforma la N° 10.085.
Pese a que había muchos legisladores que tenían antecedentes como municipalistas, la ley en vigencia adolece de falencias notorias que, si se quiere municipios sanos, autónomos y con agilidad en sus funciones, habrá que subsanar a corto plazo.
De allí entonces que la Dra. Mónica Reggiardo puede hacer un aporte importante a la hora de poner coto a muchos excesos que se cometen en la administración producto del desmadre administrativo que se agravó en los últimos años. Sus opiniones deben constar en la mayoría de los expedientes, debe producir dictamen de manera obligatoria, para que las decisiones tengan el correspondiente sustento jurídico, corrigiendo lo que se ve ahora cuando la opinión surge de un asesor político, sin chapa profesional, que escribe sus “ut supra” y sus “sine qua non” pero nunca pone la “mocha”, me refiero concretamente a Delvecchio.
Hago votos porque los concejales tengan más luz en sus preclaras mentes y plasmen en ordenanzas la obligatoriedad de hacer constar en los expedientes relacionadas a temas urticantes como los referidos a la relación con el personal, a gestiones de vecinos, a operaciones varias, que con un dictamen escrito pueden orientar a las autoridades para que no se comentan errores, sin que ello signifique que tengan que opinar de la misma manera.
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