¡POR LAS DUDAS: YA PREPARAN UN PAR DE ESPOSAS!!!
EL EX INTENDENTE DE SAN BENITO OSCAR DIONISIO ACOSTA Y SU SECRETARIO CARLOS ANÍBAL RÍOS DEBERÁN PURGAR EN LA UP1 DE PARANÁ
Pidieron cárcel efectiva para dos exfuncionarios de San Benito
El fiscal solicitó tres años y cuatro meses de prisión para el expresidente de la junta de fomento Dionisio Acosta y su exsecretario de Gobierno Carlos Ríos. En tanto la defensa pidió la absolución.
Otra vez un fiscal de Cámara solicitó prisión de cumplimiento efectivo para un exfuncionario público juzgado por cometer un delito durante su gestión. Como siempre sucede, el representante del Ministerio Público aclaró que la sanción requerida de cárcel es por instrucción precisa del procurador general de la Provincia, Jorge García, que parece dispuesto a combatir con el Código Penal ese mito de que los políticos no van presos.
El fiscal Ignacio Aramberry requirió la pena de tres años y cuatro meses de prisión de cumplimento efectivo para el expresidente de la junta de fomento de San Benito Dionisio Acosta y su exsecretario de Gobierno Carlos Ríos, juzgados porque supuestamente despidieron injustamente a una trabajadora de planta permanente que había pedido licencia sin goce de sueldo. Ambos llegaron a juicio acusados de los delitos de Abuso de firma en blanco y falsificación de documento público. También el fiscal peticionó que sean inhabilitados para ejercer la función pública durante seis años y ocho meses.
Acosta y Ríos estuvieron al frente de la Municipalidad de San Benito entre 1999 y 2003. Ambos fueron denunciados por Patricia Aguirre, quien era empleada de la Municipalidad y fue vocal de la junta de fomento durante esa gestión que encabezó su cuñado Dionisio Acosta.
Como era pariente del presidente de la junta–cargo similar al intendente– Aguirre le dejaba documentos firmados en blanco para que su cuñado, ante cualquier eventualidad, pudiera formalizar un trámite en su ausencia, ya que ella apenas fue elegida se fue a vivir a Buenos Aires. Al parecer, los acusados utilizaron uno de los documentos firmados en blanco que dejaba Aguirre y le redactaron la “renuncia irrevocable” a su cargo de empleada. Esta maniobra habría sido porque la mujer supuestamente quería dejar el puesto de vocal de la junta, ya que los dirigentes opositores cuestionaban que viviera en Buenos Aires y se desempeñara en un puesto similar al de concejal en San Benito. Aguirre fue electa en 1999 y en marzo de 2000 ya estaba afincada en la provincia de Buenos Aires.
El fiscal Ignacio Aramberry requirió la pena de tres años y cuatro meses de prisión de cumplimento efectivo para el expresidente de la junta de fomento de San Benito Dionisio Acosta y su exsecretario de Gobierno Carlos Ríos, juzgados porque supuestamente despidieron injustamente a una trabajadora de planta permanente que había pedido licencia sin goce de sueldo. Ambos llegaron a juicio acusados de los delitos de Abuso de firma en blanco y falsificación de documento público. También el fiscal peticionó que sean inhabilitados para ejercer la función pública durante seis años y ocho meses.
Acosta y Ríos estuvieron al frente de la Municipalidad de San Benito entre 1999 y 2003. Ambos fueron denunciados por Patricia Aguirre, quien era empleada de la Municipalidad y fue vocal de la junta de fomento durante esa gestión que encabezó su cuñado Dionisio Acosta.
Como era pariente del presidente de la junta–cargo similar al intendente– Aguirre le dejaba documentos firmados en blanco para que su cuñado, ante cualquier eventualidad, pudiera formalizar un trámite en su ausencia, ya que ella apenas fue elegida se fue a vivir a Buenos Aires. Al parecer, los acusados utilizaron uno de los documentos firmados en blanco que dejaba Aguirre y le redactaron la “renuncia irrevocable” a su cargo de empleada. Esta maniobra habría sido porque la mujer supuestamente quería dejar el puesto de vocal de la junta, ya que los dirigentes opositores cuestionaban que viviera en Buenos Aires y se desempeñara en un puesto similar al de concejal en San Benito. Aguirre fue electa en 1999 y en marzo de 2000 ya estaba afincada en la provincia de Buenos Aires.
Supuestamente, ella presentó su renuncia al cargo de integrante de la junta de fomento en 2002, pero la renuncia nunca fue tratada por el órgano deliberativo de la junta y jamás apareció. Si Aguirre renunciaba como vocal hubiera tenido que asumir una mujer que era opositora a Acosta.
El fiscal dio por probado que Acosta y Ríos utilizaron los papeles en blanco que dejaba Aguirre para redactarle la renuncia, en venganza por su intención de dejar el cargo de funcionaria legislativa. Aramberry consideró como grave la actitud de Aguirre porque resiente las instituciones democráticas.
En su alegato modificó la acusación inicial y sostuvo que los procesados cometieron el delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con Adulteración de documento público.
Por su parte, los abogados querellantes Javier Martínez y José Atencio pidieron que Acosta y Ríos sean condenados a la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documento público.
El fiscal dio por probado que Acosta y Ríos utilizaron los papeles en blanco que dejaba Aguirre para redactarle la renuncia, en venganza por su intención de dejar el cargo de funcionaria legislativa. Aramberry consideró como grave la actitud de Aguirre porque resiente las instituciones democráticas.
En su alegato modificó la acusación inicial y sostuvo que los procesados cometieron el delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con Adulteración de documento público.
Por su parte, los abogados querellantes Javier Martínez y José Atencio pidieron que Acosta y Ríos sean condenados a la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documento público.
Martínez aseguró que los funcionarios actuaron en venganza contra la salida de Aguirre. Además mencionó que entre Ríos, Acosta y Aguirre hubo un pacto de silencio y confianza que se rompió cuando la mujer quiso renunciar a su cargo de vocal. El querellante describió que las pericias indican que la firma de Patricia Aguirre en la carta de renuncia fue realizada antes del texto y que el libro de entrada de notas de la Municipalidad fue adulterado.
El tribunal integrado por el juez de Instrucción Ricardo Bonazzola, y las camaristas Marcela Davite y Marcela Badano dará a conocer el veredicto el miércoles 10 a las 8.
El tribunal integrado por el juez de Instrucción Ricardo Bonazzola, y las camaristas Marcela Davite y Marcela Badano dará a conocer el veredicto el miércoles 10 a las 8.
Pedido de absolución
Martín Navarro, defensor de Ríos, atacó la nueva calificación legal que impuso el fiscal por entender que se estaba violando el principio de congruencia. Además, Navarro aclaró que la calificación anterior Abuso de firma en blanco y falsificación de documento público tampoco correspondía. El letrado argumentó que técnicamente la calificación no era la adecuada porque no existió disponibilidad de dinero. Por su parte, Jorge Leitner e Iván Vernengo cuestionaron la falta de pruebas obrantes en la causa para responsabilizar a su defendido como autor de los delitos que la Fiscalía les endilgó junto a la querella. Leitner recordó que Aguirre, la denunciante, vendió su casa y compró en San Pedro porque no pensaba volver a San Benito.
Martín Navarro, defensor de Ríos, atacó la nueva calificación legal que impuso el fiscal por entender que se estaba violando el principio de congruencia. Además, Navarro aclaró que la calificación anterior Abuso de firma en blanco y falsificación de documento público tampoco correspondía. El letrado argumentó que técnicamente la calificación no era la adecuada porque no existió disponibilidad de dinero. Por su parte, Jorge Leitner e Iván Vernengo cuestionaron la falta de pruebas obrantes en la causa para responsabilizar a su defendido como autor de los delitos que la Fiscalía les endilgó junto a la querella. Leitner recordó que Aguirre, la denunciante, vendió su casa y compró en San Pedro porque no pensaba volver a San Benito.
Fuente: Diario Uno de Entre Ríos digital.
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