ASUNTO: USURPACIÓN EN SAN BENITO. CAPITULO II

CAPÍTULO II

LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA PENAL 

NO ALCANZABA

Luego de tomar intervención la justicia penal por intermedio del fiscal Juan Malvasio (el mismo fiscal del caso Hatman), los 32 afectados por la estafa de los punteros políticos Barrios, empleada de Casa de Gobierno y Bordón - con cuentas pendientes en Tribunales, no se quedaron de brazos cruzados y fueron por lo que entendían era su derecho.

Allí comenzó a sospecharse que en algún eslabón del gobierno provincial existía alguna vinculación con la trama delictiva, sea directa o indirectamente, ya que se comenzó a visualizar que había cierto interés por cancelar lo más rápido posible con las airadas y justas protestas de los damnificados.

Desde entonces los punteros calificados y funcionarios de tercera o cuarta línea del gobierno provincial comenzaron a elucubrar operaciones tendientes a acallar las voces de protesta.

INSPECTORA DE TRÁNSITO DE APELLIDO TORRES - UNA DE LAS AFECTADAS POR LA ESTAFA CON LAS CASAS DEL IAPV  - PROTESTANDO EN LA PUERTA de CASA DE GOBIERNO

Encabezados por Sebastián Piloni, uno de los coordinadores de la Secretaría Privada del Gobernador Urribarri, se comenzó a tejer una desactivación de la bomba mediática que significaban cuatro mujeres encadenadas en las puertas de la Casa de Gobierno.

SEBASTIÁN GABRIEL PILONI
OPERADOR POLÍTICO DEL
GOBERNADOR URRIBARRI

La búsqueda de solución comprometió al Ministro Ramos y a la intendente de Paraná, Blanca Osuna.

Esa tripleta fue la que encontró la solución, a sugerencia de algunos conocedores de la situación de terrenos "ubicados en San Benito" que formaban parte patrimonial del ex Banco Municipal de Paraná, todavía en proceso de liquidación.

Hace poco más de quince días en la comuna capitalina se originó un expediente relacionado con esta búsqueda de solución, donde se adjuntaban partidas dominiales y dictámenes, sugiriendo uno de ellos que se recabase a la Municipalidad de San Benito los datos de la deuda acumulada por concepto de Tasa Inmobiliaria, con una respuesta local acompañando una cifra de unos 70.000 pesos por la falta de pago de los últimos cinco años.

El expediente está por estas horas en el despacho de la Intendente Blanca Osuna.

La intención de dicha funcionaria, que debe dejar el gobierno el 10 de diciembre en manos de Sergio Varisco, era de hacer algún papel provisorio a los pretendientes de solución a la estafa de la que habían sido objeto, algo así como un "permiso de ocupación provisoria sujeta a aprobación definitiva del H. C. Deliberante de Paraná". En una palabra, quería dejarle la pelota embarrada al intendente que viene, Sergio Varisco.

Entre medio de estos trámites estaba Sebastián Piloni, un sospechoso interesado en encontrar una solución perpetraba por personas que - decía este sujeto - no tenían contacto alguno con ellos.

¿Existía un negocio entre Piloni y los Barrios-Bordón?...

¿Qué interés tan altruista lo animó a intervenir Piloni para que Blanco Osuna y Carlos Ramos comprometan al estado municipal en su caso "regalando" graciosamente varios terrenos por un valor millonario sin autorización a al estado provincial construyendo viviendas a personas sin más carpeta que la de haber sido estafados por "particulares"??? ...

Repreguntamos: ¿es que el estado debe salir a solucionar los casos de estafa que ocurren en la provincia, así como así???

¡Todo comienza a ser...muy sospechoso!!!