LO QUE NADIE NOTÓ EN LA DECLARACIÓN DE ÁNGEL VÁZQUEZ

NUESTRO BENEMÉRITO BURGOMAESTRE LE MINTIÓ A LOS JUECES DE LA CÁMARA DEL CRIMEN EN EL CASO PRISCILA HARTMAN

INTENDENTE ANGEL VÁSQUEZ CON SU SECRETARIA PRIVADA
Y - LUEGO DE QUITÁRSELA A UN AMIGO -   PAREJA ÍNTIMA
(dizque estaba con ella el 24 de octubre de 2014) 

Mientras el gobierno, a través de Marcos Rodríguez Allende, Álvaro Piérola y Juan Malvasio encubrían el crimen de Priscila Hartman, haciendo un verdadero bochorno de torturas, violación de las mínimas garantías constitucionales y mostrando una incapacidad absoluta para el desempeño de sus cargos en el primer -y esperemos que último- juicio que debieron afrontar tras las reformas judiciales hechas a medida de Urribarri y su grupo político, hay un dato que se pasó por alto. Quizás por el bochorno de los ex funcionarios y el actual funcionario y su calamitoso accionar.

Durante la declaración del intendente Ángel Vázquez, ante el silencio de sus abogados defensores de facto (Rodríguez Allende y los fiscales) el propio intendente contó que la policía provincial se utiliza para espionaje político interno. No quedó detenido, nadie le imputó este gravísimo delito y más aún, la prensa oficialista lo contó como si fuera algo normal. La escala de valores se fue al tacho de basura. 

Ángel Vázquez contó que el jefe de policía de San Benito le contó que un político rival, Aníbal González, iba a incriminarlo en el crimen de Priscila Hartman. Obviamente, como el hecho en sí mismo viola varias leyes sagradas para los organismos de derechos humanos, como la Ley de Inteligencia, la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Creación de la AFI, etc,  el asunto, tanto para el ex funcionario de derechos humanos del gobierno, Álvaro Piérola, como para el defensor de genocidas Marcos Rodríguez Allende, tuvo que quedar ahí. Pedir pruebas de lo que Vázquez contaba era mandarlo directamente a la cárcel.
Es un clásico de los políticos de bajo vuelo inventar grandes conspiraciones cuando lo descubren. Pero de ahí a decir que se enteró por el espionaje realizado por la más alta autoridad policial de San Benito, solo alguien muy  bruto en términos jurídicos, sin ningún conocimiento de las tareas de gobierno y con cero respeto por los derechos humanos, pueden ser tan boludo de auto-incriminarse. Excepto que sienta que es absolutamente impune. O que sea un psicópata.
Ni el Ministro de Gobierno, de quien depende la policía, ni el gobernador, ni ningún dirigente de los que antes militaban en derechos humanos y hoy son funcionarios, dijeron absolutamente nada. Sorprendente. Pero también habla de la baja calidad de nuestra institucionalidad. De la hipocresía de los que dicen defender los derechos humanos. De lo peligroso que es tener un Poder Judicial tan vergonzoso. De la censura a la prensa. Y habla también de la indiferencia de la sociedad, que prefiere saber los detalles macabros y morbosos de este crimen en vez de saber la verdad. 

Es notorio cómo se ha comprado el silencio de los ex militantes de derechos humanos, que a cambio de guita y privilegios, se callan la boca ante algo tan evidente.

Martín Vázquez