Tribuna de Opinión
junio 21, 2012
El gobierno busca prevenir la inminente conflictividad social.
La posibilidad de que se instale un escenario de alta conflictividad social ya no es una mera hipótesis y la actual confrontación del moyanismo con el gobierno parece apenas la apertura de un ciclo de inestabilidad bastante más complejo, que no excluiría la posibilidad de estallidos sociales de proporciones y consecuencias difíciles de mensurar. El gasto público está fuera de control y los planes sociales distribuidos en forma clientelar insumen gran cantidad de recursos del estado. Como producto de la espiral inflacionaria, el mantenimiento del aparato clientelar del oficialismo se dificulta cada día más. El gobierno no ignora -y cuenta con información- acerca de que los movimientos sociales se preparan para acosarlo en defensa de sus demandas económicas y siguiendo los pasos de la CGT. Desde hace meses y a medida que se desmorona la economía a, la presidente viene repitiendo que el país alcanzó sus más grandes hitos cuando el pueblo y el Ejército caminaron juntos (San Martín en San Lorenzo y sus campañas libertadoras, Güemes en Salta, Rosas en la Vuelta de Obligado, etc). Estos dichos, que pasaron desapercibidos, habrían sido indicios de decisiones políticas que ahora empiezan a manifestarse. Esto es, la participación activa de las Fuerzas Armadas como factor de control social y prevención de la violencia-No e s de extrañar entonces que un gobierno neocamporista este tomando en cuenta la referencia de una decisión que tomó Héctor Cámpora como Presidente de la Nación, en 1973:la organización del OPERATIVO MANUEL DORREGO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL que tenía como objetivo reunir a la Juventud Peronista con el Ejército, para trabajar conjuntamente con el objetivo de realizar tareas comunitarias en las inundaciones que habían anegado campos y destruido caminos y viviendas.
Los sectores más ortodoxos de las fuerzas armadas se oponían a cualquier tipo de contacto con los terroristas, pero debieron acatar la orden del entonces Jefe del estado Mayor General del Ejército, Teniente. General. Jorge Carcagno. Con la asunción de Juan Domingo Perón al gobierno, el Operativo Dorrego pasó al olvido pero quedó como un intento para comprometer políticamente a las fuerzas.
La manipulación política de las fuerzas
Es así que, el 31 de mayo pasado, el Ejército Argentino difundió con clave de identificación EA-059, la ORDEN ESPECIAL DEL SUBJEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO, General Cesar Milani que lleva el número 02/D/12 y que se denomina Apoyo a la comunidad – Operación Conjunta GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN. La misma consta de un total de seis fojas y tiene un Anexo – Organización para el Trabajo, de ocho fojas. Hay que recordar que Milani no es un general más sino el primer operador político del gobierno en las fuerzas armadas y la mano derecha de Nilda Garré, desde que ésta se desempeñaba como ministra de Defensa.
Una orden sin desperdicio
Respecto del contenido de la Orden Especial 02/D/12 disponiendo la Operación Conjunta GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN, se puede comentar lo siguiente:
Cuerpo de la Orden
En la página 1-6, se expresa:
1. “…el Ministerio de Defensa, en cumplimiento de la normativa legal que le asigna a las Fuerzas Armadas misiones subsidiarias de Defensa Civil y Apoyo a la Comunidad; ha ordenado la participación de las FFAA en una operación conjunta.”
Esto es ilegal porque en las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas, el apoyo a la comunidad se concreta en caso de catástrofes y no ante carencias de tipo social no resueltas por el estado Nacional. Este aspecto es violatorio de las leyes de Defensa Nacional (Nro 23.554), de Seguridad Interior (Ley 24.059) y de Re-estructuración de las Fuerzas Armadas (Ley 24.948,
que jamás fue reglamentada ni se puso en ejecución).
2. “El EMCFFAA conducirá a través de su Comando Operacional (COFFAA), la Operación Conjunta de Apoyo a la Comunidad …”AGREGO: EL SUBJEFE LE ORDENA AL JEFE DEL EMCFFAA?
Si la operación es conjunta, deberá crearse un Comando Conjunto y éste deberá impartir las ordenes correspondientes para llevarla a cabo, aspectos que hasta la fecha no se han concretado. Por el contrario, la orden ni siquiera está firmada por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército sino por el socio de Nilda Garré, César Milani.
Si la operación es conjunta, deberá crearse un Comando Conjunto y éste deberá impartir las ordenes correspondientes para llevarla a cabo, aspectos que hasta la fecha no se han concretado. Por el contrario, la orden ni siquiera está firmada por el Jefe del Estado Mayor General del Ejército sino por el socio de Nilda Garré, César Milani.
3. “…a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida y bienestar de sus habitantes.”
Las Fuerzas Armadas no tienen prevista esta misión en el marco legal vigente.
A su vez, en las páginas 2-6 y 3-6, se dispone:
“La operación a desarrollar prevé la asignación de tareas particulares tales como:
- Racionamiento: confección y distribución de alimentos.
- Abastecimiento de agua: obtención, potabilización, envasado y distribución.
- Abastecimiento de efectos: recepción y administración de distintos tipos de efectos.
- Asistencia sanitaria: Contribuir a la tarea de los puestos de salud destacados en cada barrio, con personal y medios.
- Transporte.
- Construcciones: remoción de escombros y ejecución de tareas menores que faciliten la transitabilidad.
- Organización de centros de operaciones de emergencia: despliegue de instalaciones, comunicaciones, medios informáticos y personal especialista en planeamiento y apoyo a la conducción de las operaciones de defensa / protección civil.
- Comunicaciones: personal especialista y equipos.”
En otras palabras, todo este despliegue de apoyo se realizaría al solo efecto de minimizar los efectos de la falta de incremento en los montos y la cantidad de planes sociales. También hay otros factores, como la existencia de un flujo de fondos que ciertas bandas de narcotraficantes aportarían a las campañas electorales del oficialismo, que no se vería en modo alguno afectado por la aparición de los uniformados desarmados en las villas.
Por su parte, en la página 4-6 de la Orden se sostiene:
“2) Cada elemento que designe Oficiales de Enlace e integrantes del Estado Mayor Personal, deberá elevar a la Dirección General de Organización y Doctrina (Dpto Op) una lista conteniendo los siguientes datos:
a) Grado.
b) Apellido y nombres.
c) DNI.
d) NOU. (NÚMERO DE ORDEN ÚNICO)
e) Nro de cuenta Banco Patagonia.
f) Teléfono de contacto.
g) Correo electrónico.”
Aquí se establece claramente que percibirá viáticos en forma encubierta sólo parte del Personal Militar involucrado en esta operación lo cual configura una situación anormal y discriminatoria. Al respecto, en la actualidad el personal que participa de la “OPERACIÓN ESCUDO NORTE”, cobra los viáticos que se asignan según convenio al Personal de la Administración Pública Nacional y que, en muchos casos son hasta un 500% superiores a los que cobra el resto de los militares.
“4) Seguridad: A fin de cumplimentar el marco legal vigente y con el propósito de brindar seguridad al personal militar y a los bienes patrimoniales del Estado que se despliegan, es condición imprescindible que la seguridad del personal y el material se encuentre a resguardo por las FFSS y FFPP asignadas a la operación. Ante cualquier señal de hostilidad o peligro y en caso de ausencia de FFPP o FFSS, el personal militar efectuará el repliegue, informando la novedad al COT del Componente Terrestre.”
Se infiere que el personal actuará desarmado y estará inerme ante cualquier acto de violencia que se produzca en su perjuicio. TODAS LAS VILLAS DE EMERGENCIA A LAS QUE CONCURRIRÁ PERSONAL militar SE CARACTERIZAN POR SU ALTO GRADO DE PELIGROSIDAD.
Pero hay más, En la página 5-6, se expresa:
“El personal y los recursos materiales, como así también los insumos, el racionamiento para los propios efectivos, combustibles, lubricantes, repuestos, etc; necesarios para el cumplimiento de las tareas ordenadas, serán alistados y sostenidos por cada uno de los Elementos con responsabilidades directas en la operación en curso.
Las transferencias de crédito y fondos correspondientes a los reintegros de gastos serán solicitadas al Comandante del Componente Terrestre (Dir Grl Org Doct), debiendo aplicarse lo determinado en el marco legal y normativo vigente y en la Directiva del JEMCFFAA nro 04 / J IV / 11 (Intervención del EMCFFAA en los procesos presupuestarios de las FFAA), punto 8, Anexo 6.”
Los Jefes de las Unidades participantes deberán consumir sus créditos y luego pedir el reintegro correspondiente, lo cual equivale a dejar sin recursos a esos elementos por períodos prolongados Como se sabe, los fondos demoran largo tiempo en ser recuperados, en especial si tenemos en cuenta la ineficiencia del Estado Mayor Conjunto, la animosidad que tiene el Ministerio de Defensa hacia las fuerzas y el grado de rapiña que todas las partidas asignadas a los militares sufren a su paso por esa cartera.
Aparecen los espías
En la página 2-8 del ANEXO 1 (Organización para el trabajo) se define por ejemplo que, para la VILLA LA CÁRCOVA, el oficial de enlace será un “Of J a designar por la Dir Grl Icia”, o sea un especialista en inteligencia. Cuesta imaginar para qué se requiere la participación de un Oficial Jefe de la Dirección General de inteligencia a cargo del General MILANI en actividades de apoyo a la comunidad.
Este aspecto no es un hecho menor si se tiene en cuenta que hace pocos meses adquirió estado público el denominado “PROYECTO X” mediante el cual la Gendarmería Nacional realizaba tareas de inteligencia sobre líderes de organizaciones sociales y la información se analizaba en instalaciones del Ejército A en Campo de Mayo para posteriormente ser compartida y difundida con otras agencias de seguridad. GARRÉ al referirse al tema públicamente trató de minimizar, sin éxito, lo que constituye una flagrante violación a la Ley Nacional de Inteligencia.
En síntesis, esta orden viola la Ley de Inteligencia Nacional (Ley 25.520).
Algunas conclusiones
* No se mencionan en la orden aspectos vinculados con la situación que se vive en las villas de emergencia, esta omisión se haría adrede para que no quede evidencia alguna de las implicancias adversas de índole político y legal en las que se verían involucrados los militares, que hasta pueden ocasionar problemas de violencia, aparte de infiltraciones y descontrol.
* Tampoco se establecen con claridad las fases para el desarrollo de la operación ni se determinan las misiones particulares para cada elemento participante, Esto contribuye a dejar sin la cobertura legal necesaria al personal militar que participe de esta operación.
* No hay que descartar entonces que distintas situaciones que se presentarán s deriven en conflictos entre los habitantes de las villas y el personal militar, que a su vez se traducirían en actos de violencia. Algunos mandos militares sospechan que un cuadro como este podría servirle al gobierno para: desprestigiar aun más a las FFAA y distraer la atención de la opinión pública.
* El Poder Ejecutivo y el Ministerio de Defensa, a través de la ORDEN ESPECIAL DEL SUBJEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO Nro 02/D/12 violan las leyes de Defensa Nacional (Nro 23.554), de Seguridad Interior (Ley 24.059) y de Re-estructuración de las Fuerzas Armadas (Ley 24.948 que jamás fue reglamentada ni se puso en ejecución) y de Inteligencia Nacional (Ley 25.520), con claros fines electoralistas y en perjuicio de las FFAA y de los ciudadanos de la Nación.
En definitiva, ante las señales de aumento de la tensión social, dinamizadas por la recesión con alta inflación, el cristinismo no duda en jugar a los militares en una aventura de final impredecible. Sobre todo si se tiene en cuenta que el Secretario de Seguridad y mano derecha de Alicia Kirchner, el teniente coronel Sergio Berni, es el jefe de operaciones del gobierno que dirige las acciones de los grupos piqueteros oficialistas, por ejemplo contra Mauricio Macri y Daniel Scioli.
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