FACUNDO BRESSÁN YA ESTÁ ALOJADO EN LA CÁRCEL DE VICTORIA

LOS ABOGADOS DEFENSORES OBJETAN SU TRASLADO
El miércoles 24, Facundo Bressan, el único imputado hasta ahora por el crimen de Priscila Hartman, fue trasladado desde Alcaldía de Tribunales hacia la Unidad Penal de Victoria. Fue en virtud del rechazo del pedido de arresto domiciliario que realizó la defensa, por parte de la Cámara de Casación Penal de Paraná, que confirmó la prisión preventiva que dispusieron, cada uno a su tiempo, la jueza de Garantías Marina Barbagelata y el juez del Tribunal de Juicios o Apelaciones, Alejandro Grippo. La defensa cuestionó el traslado sosteniendo que el fallo aún no está firme y exhibió su preocupación porque pidieron el apartamiento de la causa, de la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos, la que le fue rechazada. En la resolución, la jueza de Garantías entendió que se violaron artículos del Código Procesal Penal de Entre Ríos (CPPER), y ordenó que se adopten las medidas disciplinarias que correspondan. No obstante esto, con aquel fallo, la fuerza continuará al frente de la investigación.
ASOMBRO. Miguel Ángel Cullen, que está al frente de la defensa de Bressan junto a Guillermo Vartorelli, respecto al traslado de su defendido, manifestó que “la verdad es que no salimos de nuestro asombro porque el fallo no se encuentra firme, está sujeto a revisión por vía de la impugnación extraordinaria, y contradiciendo el propio fallo primigenio que sostenía que hasta tanto no tuviese firmeza jurídica el fallo iba a continuar alojado en Alcaldía de Tribunales, se decidió su traslado a la Unidad Penal de Victoria”. No obstante, Cullen señaló que “la defensa ya interpuso recurso de reposición porque entendemos que se trató de un error involuntario y con apelación en subsidio y continuaremos con las instancias recursivas necesarias”.
APARTAMIENTO. Los defensores solicitaron el apartamiento de la División Criminalística de la Policía de Entre Ríos porque entendieron que la difusión por la prensa de pericias realizadas por aquella División antes de que tales informes fuesen recibidos por la Fiscalía, “lesiona la igualdad de armas que debe regir entre las partes, y plantea interrogantes sobre la imparcialidad y objetividad de la División”.
En la resolución, que estuvo en manos de Barbagelata, la jueza de Garantías decidió no hacer lugar al pedido y ordenó “hacer saber al jefe de Policía y al Colegio de Abogados de Entre Ríos que en el curso de la investigación de la muerte de Priscila Hartman, se ha violentado lo dispuesto por los artículos 225, 227 y 230 del CPP de la provincia, a efectos de que adopten, si corresponden, las medidas disciplinarias que el hechos amerite”.
PREOCUPACIÓN. Desde la defensa expresaron su “preocupación porque la misma fuerza a la que se va comunicar el cumplimiento del CPP es la que va a continuar al frente de la investigación”. En este sentido Cullen expresó: “Entendemos que la celeridad es amiga de la Justicia, porque una Justicia que no es rápida no es Justicia, pero tampoco puede erigirse el valor celeridad por encima del que tiene que ser el valor supremo, que es la Justicia misma. Creo, es mi opinión personal, que en esta causa se ha preponderado la celeridad por encima de los derechos fundamentales de los de cualquier persona sometida a proceso. De hecho, si uno lee el mismo fallo casatorio, se adentra en cuestiones que tienen que ver con la resolución final del proceso, prácticamente privándolo, o condenándolo de antemano sin que aún se haya iniciado siquiera la remisión de la causa a juicio”. El letrado añadió que “con el objeto de brindar una respuesta rápida a la sociedad, entendemos se ha vulnerado derechos que tienen raigambre constitucional y que hacen a la esencia misma de una sociedad civilizada” y sostuvo que “se deben respetar los pasos procesales y la seguridad jurídica, no se puede avasallar, para otorgar una comunicación de que se está haciendo algo, los derechos mínimos de cualquier persona sometida a proceso. Esto es lo que entendemos y es lo que hemos estado planteando desde un principio”.
El defensor explicó que por lo antes señalado es que “solicitamos oportunamente que se aparte a la División Criminalística, por entender que habían realizado actividades contrarias a las normadas por el propio CPP y la jueza, si bien no da lugar al apartamiento, entiende que efectivamente se vulneraron artículos del CPP dando comunicación al jefe de la Policía de Entre Ríos”. En este sentido entendió: “Es decir que hubo una serie de irregularidades constatadas que están siendo día a día probadas por la defensa, que lejos de tranquilizarnos en cuanto a la aplicación de un fallo justo nos demuestra que el valor celeridad es primordial en cuanto a esta causa en particular sin tenerse en cuenta todas las peticiones concretas que se han venido haciendo, de hecho hay pruebas que esta defensa ha solicitado y no se han realizado, y fueron solicitadas el primer o segundo día que tomamos intervención en la causa”.

Federales
La defensa pidió “concretamente la intervención de fuerzas federales, de fuerzas que sobre todo tienen un amplio poder de investigación. Puede ser Gendarmería, que ya intervino en otras causas y tiene un cuerpo pericial muy fuerte, muy amplio. En la causa del quinielero Morales, desaparecido en San Jaime de la Frontera se solicitó la intervención y la Justicia determinó que era pertinente. Siempre que se colabore y haya mayor resguardo de la investigación, no hay ningún tipo de inconveniente que esto suceda, y así se hizo y se colaboró y se pudo hacer”. Cullen agregó que en esta causa se solicitó “lo mismo, pero aquí se entendió que no era necesario el apartamiento y va a continuar interviniendo la Policía de Entre Ríos, la que ahora además de, según nuestro entendimiento, haber sido parcial en algunos aspectos se le suma la clara enemistad por haber solicitado su apartamiento”. Finalmente manifestó: “Seguiremos tratando de interponer lo que creemos necesario para la defensa de Facundo Bressan y esperamos que se resuelva la reposición para ver qué actitud toman”.