DEJÓ
DE SER UN SERVICIO ELEMENTAL...
PARA TRANSFORMARSE EN UN NEGOCIO PRIVADO!!!°
Históricamente
la zona de la Colonia 3 de Febrero, como en general los distritos Sauce,
Quebracho y Espinillo y Paraná ciudad utilizaron para la sepultura de sus
difuntos el cementerio parroquial desde 1887 a la fecha.
Con
la llegada del municipio cien años después de su creación el único cementerio
que había debió haber pasado a su órbita administrativa por una lógica cuestión
de competencia.
Ello
no fue así por la acción que desplegó por entonces el cura Bottegal, utilizando
las relaciones que mantenía con el gobierno de Montiel y el traspaso se
postergó... “para más adelante”.
Así
fue que la administración continuó siendo un negocio particular, manejado por
la curia de Paraná hasta el día de hoy, cuando vuelve a plantearse la
oportunidad de dar los pasos necesarios para que se normalice esta ilegalidad.
Es
que en los últimos tiempos se ha distorsionado el concepto aquel de la
prestación de un servicio elemental ante el faltante de una institución para
que lo preste para transformarse en un bien comercial de explotación privada
sin una razón que lo justifique.
Así
está funcionando la explotación del cementerio parroquial fuera de todo marco
legal, contraviniendo la nueva ley de municipios vigente desde hace unos años.
Esta
explotación privada por parte del Arzobispado de Paraná, en conjunto con la
parroquia local, dejó de ser aquel servicio a los vecinos para ser un negocio
redondo del que se recauda dinero para otros fines distintos al cumplimiento del
objetivo básico para el que está habilitado.
El
municipio ya no ejerce el control que se había establecido por 1990 y los
inspectores ya no ejercen el metódico control del catastro general del
cementerio parroquial como tampoco están realizando el control diario de
sepulturas y traslados que allí se producen. Todo está sujeto a la
administración privada por parte de la curia.
Lo
más serio que se observa en estos días es que los valores que se cobran por
derecho anual han trepado mucho más allá de los efectos inflacionarios de la
economía en general para pasar a ser confiscatorios, por los valores que se
cobran y discriminatorios, cuando se trata de que un empleado puede disponer
que los restos de un difunto cuyos deudos no paguen la sisa pasen al osario común.
Este
último caso ha provocado no pocos conflictos con familiares que han ido a
visitar a sus difuntos y se han encontrado con que el sepulcro estaba
desmantelado u ocupado por otros restos. Por esta desagradable sensación han
pasado muchas personas, incluso se han profanado sepulcros ‘históricos’ de
personas que bien se merecieron su monumento, incluso el primer difunto que fue
sepultado en dicho cementerio, don Pedro Grinóvero, en un momento determinado
pasó a engrosar el osario común.
Lo
más irregular es el valor que se cobra en concepto de derecho anual; los
sepultados en tierra pagan 95 pesos y los que ocupan panteones y nichos 125
pesos.
Si
tomamos los metros cuadrados que ocupan, no pasan de los 2,50 mts.2; esto
significa que, si se tratara de un terreno con la medidas municipales mínimas y
en concepto de la tasa anual por toda prestación de servicios que cobra el
municipio por ley, se está cobrando por derechos ente los 900 y los 1.200 pesos
anuales.
¡Una
verdadera estafa desde el lado que se lo mire!
Hace
poco tiempo se informó desde la parroquia que – en concepto de excedente del
2012 – había recibido de la curia 145.000 pesos. Si a esto le sumamos los que quedó
en Paraná producto del superávit, estamos hablando de una importante cifra que
le pertenece a todos los sanbenitenses y no a un sector en particular; si hay
sobrante es para el tesoro público, para el municipio que es la institución
responsable de la prestación de este servicio y de ejercer la policía
mortuoria, tal como prescribe la ley.
Se
imponer que desde el municipio se sigan los pasos necesarios para normalizar
esta situación totalmente irregular para recuperar un ingreso que le pertenece
a todos “por ley”.
Desde
SAN BENITO AHORA nos pondremos de pie
y aplaudiremos si nuestro diputado provincial Ángel Vázquez presenta el
correspondiente proyecto de expropiación del predio que ocupa el Cementerio Parroquial
de San Benito y su administración pasa donde siempre debió estar: a nuestro municipio.
