El acta es válida o el gobierno es inválido
Por Jorge D´Agostino (*). Especial para AIM. El gobierno no pagó lo acordado a la policía. No hubo sanción por insurrección y la disputa aún no concluye. El 8 y 9 de diciembre pasado, se vivieron nefastos momentos en Entre Ríos, y en particular en Concordia, donde la muerte y el dolor se presentaron después de intensas horas de violencia. Una clara mayoría de la fuerza policial, descontenta con su salario, abandonó el cuidado de la seguridad y la calle fue cubierta por saqueos.
En ése contexto caótico, el gobernador, Sergio Urribarri, pactó un acuerdo salarial con los agentes insurrectos, firmó un acta con fotos y sonrisas, y terminaron la protesta y los saqueos.
La norma orgánica de la policía (http://goo.gl/jsGIOC ), dice en el artículo 1º que la Policía “es el organismo del Estado cuyo objeto es mantener el orden público y garantizar el libre ejercicio de todos los derechos y garantías individuales y colectivas; dentro del ámbito que le señalan la Constitución y las leyes”.
Al comando de toda la organización se encuentra el jefe de la Policía (artículo 19 del RGP) y sobre él está el Poder Ejecutivo a través del ministerio de Gobierno (artículo 3º).
Para el Reglamento son faltas graves incumplir la obligación de prevenir delitos, el abandono de servicio, la interposición de reclamos en forma colectiva, desconformarse con sus reglamentos, etc. Y dispone sanciones que se reprimen con arresto no menor a 20 días, suspensión no menor de 10 días, cesantía o exoneración.
Luego de los sucesos, no hubo ninguna pena para quienes lideraron el levantamiento, ni sustituciones en la plana mayor de la policía. Aún así, el señor ministro de Gobierno, Adán Bahl, sostuvo que el acta es nula por haber sido firmada bajo extorsión. Está claro que el gobierno no hizo lo que correspondía: si hubo extorsión debería haber sanciones. Si no las aplica, entonces, debería cumplir con lo acordado. Resta aún responder por las pérdidas generadas en los saqueos.
Es responsabilidad de quienes gobiernan controlar seguridad ciudadana y evitar el caos social. Es inaceptable que ahora se haga aparecer a los agentes de policía como los únicos responsables de las pérdidas.
El oficialismo ha sometido a un impuestazo al sector privado, supuestamente, para mejorar los salarios de los trabajadores públicos. Por otra parte, tiene en la oposición al radicalismo, que defenderá siempre el Estado de Derecho. Somos muy críticos de sus políticas, pero nunca tiraremos nafta al fuego, (como sí ocurrió, al revés, en los penosos hechos de los saqueos programados del 2001). No tienen que tener miedo de tomar decisiones para encontrar una solución definitiva y reparar así la sucesión de errores que vienen cometiendo a lo largo de estos 10 años.
Reitero que el gobierno no tuvo capacidad para prevenir un problema que se sabía que tarde o temprano iba a explotar, ni anticipación para resolver de manera paulatina y acordada las penurias que pasan los agentes de policía por percibir sueldos indecentes. La plana mayor de la fuerza no ofrece seguridad y no tiene disciplinados a sus subordinados.
No pagó lo acordado a la policía, y no sancionó a nadie por la insurrección, y ahora tiene en vilo a la provincia toda, discutiendo si el acta es buena o mala. No tomar decisiones definitivas acentúa la ira de la policía, genera incertidumbre en el resto de los empleados públicos y arriesga el control de la seguridad. Entre Ríos no debe ser empujada a sufrir las consecuencias de esta irresponsabilidad.
Jorge D´Agostino (*) es abogado Constitucionalista. Diputado Nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos
