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Tribuna
de Opinión
por ANIBAL GONZALEZ COMAS
Este nuevo y resonante caso que hemos puesto a la consideración pública desde SAN BENITO AHORA ha tenido una repercusión que no esperábamos, aunque suponíamos que tendría que llamar la atención a algunos que pueden y deben poner un freno a tanta impunidad.
Este nuevo y resonante caso que hemos puesto a la consideración pública desde SAN BENITO AHORA ha tenido una repercusión que no esperábamos, aunque suponíamos que tendría que llamar la atención a algunos que pueden y deben poner un freno a tanta impunidad.
Recibimos
numerosos mensajes y contactos saludando el informe, ampliando con interesantes
detalles, corroborando el objetivo de aprovecharse del Estado y sus relaciones
para hacer dinero en beneficio personal.
Ni
hablar de los que quieren justificar lo injustificable; las pruebas publicadas
son demasiado evidentes; hay una manifiesta intencionalidad que encubre
terceras intenciones.
Sin
embargo hubo algunos – felizmente los menos – que quisieron justificar la
acción; por ejemplo, hubo un abogado, que está gozando de una banca de la legislatura de la
mano de un partido opositor que hoy comulga diariamente de las huestes
oficialistas, que disculpó la publicación en el Boletín Oficial diciendo que “debe
ser un error de tipeo”… ¡Sí… un error de tipeo!!!
Que
me explique por qué entonces no apuntaron en la misma resolución de la DIPJ la
C.U.I.T. de Vásquez hijo que sí la tiene registrada en la A.F.I.P.
Hay
leyes que respetar; entre otras, la Ley
de Ética Pública N° 25.188. Ángel R. Vásquez está procesado hoy y lo espera el
juicio oral y público por “falsificación de documento público” – es decir –
estamos en presencia de un individuo “con antecedentes en la materia”.
Es
imposible creer que hubo un error al poner esa C.U.I.T. equivocada en la
Resolución de la D.I.P.J. ¿Qué papeles constató el abogado inspector de la DIPJ cuando le
hicieron la presentación?
No deja lugar a dudas que se
trató de un acto deliberado porque todos sabemos que la C.U.I.T. tiene como
numeración central al D.N.I. del titular de la misma, precedido generalmente
por el 20- y en el caso que nos ocupa antecede el número correcto del documento
de Ángel Vásquez por lo que no daba lugar a equivocarse.
20-11.071.825-0
es la C.U.I.T. de Daniel Enrique Ara, padre de la contadora Florencia Ara, que está al
frente de la administración contable de la Municipalidad de San Benito,
arribada al municipio luego que 'vacacionaron' por tiempo indeterminado al
Tesorero Ramallo, persona que se resistió abiertamente a cualquier tipo de
fraude y tuvo que irse… ¿Cómo puede aparecer ese C.U.I.T. si no es porque
intervino la contadora Ara en el expediente de la sociedad ‘AVZ’?
¿Un
error de tipeo?
Está
claro que fijaron domicilio en Paraná, todavía no tenemos la prueba concreta
del mismo, pero uno de nuestros informantes nos asegura que está registrado el
domicilio de calle Buenos Aires N° 452, 4° Piso, Dto--- en la inscripción
fiscal. Allí vive el contador Falco que vino hace poco tiempo a trabajar al
municipio, dicen porque es amigo del intendente Vásquez BB, luego que la hicieron tomar vacaciones hasta
el 11 de diciembre de 2015 a la contadora titular del municipio de San Benito
Mirta Lagos.
¿Otro
error de tipeo???
Si
bien Falco- Ara trabajan y cobran sus honorarios por la alta función que ocupan
– graciosamente también – cobran por idénticas funciones Ramallo – Lagos confinados
en sus casas sin aviso de retorno a sus funciones.
En
este caso rige la Ley de Ética Pública que los inhibe a los contadores
Falco-Ara para actuar en intereses privados de los Vásquez, porque hay
incompatibilidad para realizar ambas funciones ya que son funcionarios
públicos y – a la vez – representan o asisten o asesoran o prestan servicios o
representan a una sociedad con pretensiones de intervenir en la ejecución de
obras públicas siendo uno de ellos su jefe directo y el otro legislador
provincial que actúa como si fuera el
propietario del municipio, tal el caso del procesado Ángel Vásquez.
Es
demasiado deliberado para no darse cuenta que se trata de una maniobra
estudiada para delinquir, una asociación ilícita armada con patrocinio
profesional en la que intervienen varias personas con funciones en la comuna
local que iremos enumerando en próximos sueltos.
-
“Esto
está armado por intereses políticos” - dijo un allegado a la legislatura
provincial cuando leyó nuestro primer informe y la carta al Ministro de
Gobierno.
Me
pregunto:
-
Habrá
que hacer sonar una bubusela con el trasero para llamar la atención de los responsables
de poner un freno a tanta corrupción???
