EL JUEZ LEANDRO RÍOS DIO DETALLES ESCLARECEDORES
HASTA AHORA...
¡SERGIO VARISCO...
ESTARÁ EN EL BANCO DE SUPLENTES!!!
Luego
de 36 días del aterrizaje de la avioneta con 317 kilos de marihuana en un campo
de Colonia Avellaneda, la caída de la banda narco de los Celis que durante años
actuó con impunidad en Paraná, la detención de 22 personas y el terremoto que
causó la investigación en la Municipalidad de Paraná, el juez federal Leandro
Ríos dictó el procesamiento de todos los imputados, desde los organizadores del
negocio hasta el último soldadito.
En las 207 páginas
de la resolución se analizan todas las pruebas que llevaron al magistrado a
concluir que existió un acuerdo político entre Daniel Tavi Celis y Sergio
Varisco durante la campaña electoral de 2015, que calificó como "peligrosa
relación" y que "no es patrimonio exclusivo de un candidato
determinado o de un partido o alianza específica". Dicho acuerdo consistía
en favores electorales (inversión económica y militancia) a cambio del control
de áreas clave de la comuna por parte del narcotraficante, que utilizó para su
negocio ilícito. Pero al respecto, sobre la conducta del intendente, Ríos
sostuvo que existió "imprudencia" que "por el momento no puede
enlazarse desde el plano subjetivo con el plan criminal".
En la investigación
surgió que "a partir de un llamado telefónico anónimo en el que se
denunciaba que las dos toneladas de droga que habían sido secuestradas por la
Policía de Entre Ríos en el barrio Paracao (en octubre de 2015), habían sido
transportadas por Cebolla Leguizamón en el camión N° 148 de la Municipalidad de
Paraná".
"La sospecha
inicial-afirma la resolución- se fue incardinando hacia la posible formación de
una organización narcocriminal, liderada conjuntamente por los hermanos Daniel
Andrés Celis, alias Tavi y Miguel Ángel Celis, alias Titi, quienes operarían en
el ámbito territorial de las ciudades de Paraná, San Benito, Viale,
Hernandarias, Nogoyá y Seguí, como así también Santa Fe y Santo Tomé, para lo
cual contaban con la colaboración del resto de los imputados, quienes
utilizaban la estructura y recursos del Estado municipal para desarrollar
distintas tareas y roles en las diversas fases de la venta del
estupefaciente".
Esto fue posible
debido a "una compleja maniobra de ingeniería política y financiera
desarrollada por Daniel Celis, tendiente a acrecentar su dominio territorial en
la zona oeste de la ciudad, edificando una estructura dentro del Estado
municipal, utilizada para la adquisición, distribución y venta del
tóxico".
"Concretamente
-explicó el juez-, mediante la celebración de diversos acuerdos políticos,
entendidos como 'pactos de confianza' con el entonces candidato a intendente
Sergio Fausto Varisco quien prometía un 'gobierno de puertas abiertas', Celis
logró la incorporación de su pareja Fernanda Orundés Ayala, Renzo Bertana,
María Laura Zurita y de Hernán Jesús Rivero, entre otras personas, a la Unidad
N° 2, asimismo logró posicionar a Leguizamón como director de dicha unidad
municipal, cargo que es de carácter administrativo y que de no ser por Celis
difícilmente podría haber accedido en el escalafón, dada su condición de
analfabeto".
Según el
procesamiento, los acuerdos políticos "importaban, entre otras cosas, la
incorporación de 40 personas de confianza de Celis a la Municipalidad y en
lugares estratégicos para el desarrollo de su actividad ilícita. Es que, ante
las sospechas públicas y mediáticas de su intervención en actividades de
narcotráfico, Celis no podría ser designado en ningún cargo público. Sin
embargo, dado que era un 'referente político' disputado por varios sectores
políticos, representantes de Cambiemos de Paraná (Hernández) intentaron retenerlo mediante diversas
promesas de campaña, las cuales implicaban, por un lado, el ingreso de personas
de su confianza, bajo la promesa de devolver duplicado el dinero, con el manejo
de la obra pública municipal a través de la empresa constructora de Cristian
Silva, y por el otro laxitud o labilidad en los controles de las unidades
municipales (particularmente en el uso de los camiones para el transporte de
estupefacientes dentro y fuera del ejido urbano), lo que constituye un
verdadero flagelo provocador de daños económicos incalculables y destructor de
la 'confianza pública'".
Además, "Celis
obtenía fondos líquidos para la adquisición del estupefaciente, dado que a través
de Silva administraba los sueldos, bienes y recursos provenientes de la Unidad
Municipal N° 2 de Paraná. Al respecto cabe señalar que, incluso estando detenido Celis en la Unidad Penal N° 1, las reuniones políticas
continuaron dentro del establecimiento carcelario los miércoles durante una
hora por medio de una 'autorización especial' que no se encuentra registrada en
los libros de guardia o de visitas".
Entre las obras
que, según las promesas, iba a realizar Silva, estaban el pintado de las 3.600
farolas de la avenida Ramírez, la intervención en las explanadas de canchas de
básquet y construcción de jardines infantes y centros de rehabilitación. Esto
último suena contradictorio y escalofriante.
En este sentido, el
juez consideró que Varisco, Pablo Hernández (concejal) y Griselda Bordeira
(funcionaria de la Secretaría de Seguridad) "relativizaron" este
acuerdo político.
"Acreditada
esta rebuscada maniobra -concluyó Ríos-, que tenía por finalidad dotar del
mayor hermetismo posible la utilización de los recursos financieros, humanos y
materiales pertenecientes al Estado municipal para la comercialización de
estupefacientes, el cúmulo de prueba colectada en los nueve legajos, tareas de
inteligencia y actas de allanamiento, dan cuenta que los Celis en forma
conjunta y coordinada organizaron las diferentes adquisiciones y remesas
(aéreas, fluviales y terrestres) del estupefaciente marihuana, con el objetivo
final de su distribución y venta a distintas suborganizaciones y a consumidores
particulares".
Al valorar la
conducta de Varisco, Ríos señaló: "La facilitación por parte del
intendente de los medios materiales y humanos para la consolidación de la
organización delictiva comandada por los hermanos Celis, constituye una
aportación riesgosa prohibida desde el tipo objetivo, la cual en principio y en
atención a las probanzas producidas hasta el momento, no encuentra su correlato
subjetivo doloso (...) no es posible aseverar con base probatoria firme el conocimiento
cierto acaso eventual por parte de Varisco respecto de la actividad ilícita
mantenida por su adherente o socio político del oeste".
Por esto, agregó
que "al parecer Varisco desconocía o no le importó el historial personal
judicial de Celis, como así tampoco las informaciones de investigación
periodísticas, muchas de ellas corroboradas en esta pesquisa", lo cual
"linda con la 'ceguera ante los hechos', pues a pesar de las supuestas
advertencias de la propia Griselda Bordeira, incluso después de la detención de
Celis ocurrida en agosto de 2016, Varisco continuó cumpliendo con parte del
acuerdo asumido".
El juez federal Leandro Ríos concluyó
acerca de la demostrada injerencia narco en la vida política e institucional:
"Queda plasmada una peligrosa relación entre las actividades políticas
electorales y el negocio ilícito de tráfico de estupefacientes. Las condiciones
políticas institucionales y económicas resultan de vital importancia para el
desarrollo y crecimiento del narcotráfico y esta afirmación no es dogmática o
general, sino que en esta investigación han quedado evidenciadas y acreditadas
suficientemente".
A su vez, el
magistrado agregó que "no es patrimonio exclusivo de un candidato
determinado o de un partido o alianza específica esta clase de roces y/o
vinculaciones demostradas. La narcocriminalidad requiere de su inserción
institucional para progresar y, en particular, aspira a copar los primeros
niveles de gobierno, es decir municipalidades y juntas de gobierno. Es un dato
incontrastable la cantidad de empleados de dichas reparticiones, en las
distintas municipalidades y de diferentes administraciones políticas que han
sido procesados por esta clase de delitos en el Juzgado Federal Nº 1 de Paraná
en distintas causas. No es casualidad que el financiamiento político en los
niveles municipales y de la provincia de Entre Ríos carezca de toda normativa y
aún hoy en el siglo XXI sea advertida como un ámbito especial e interesadamente
desregulado, descontrolado y oscuro".
