GRAVE
FALTA QUE PUEDE DERIVAR
EN FUTURAS DEMANDAS JUDICIALES
La
flamante ordenanza que dispone el secuestro de motos en San Benito adolece de
graves falencias instrumentales que deberán ser observadas de forma urgente por
los concejales si no quieren tener denuncias a raíz de su arbitraria
aplicación.
El
Decreto reglamentario para aplicar la norma tiene fecha del 16 de abril – es decir
- todavía tiene la tinta fresca. El objetivo que persigue no se discute, sino
que su aplicación cuenta con omisiones que van en perjuicio de los afectados,
los que terminan siendo sancionados de forma extemporánea e ilegal desde todo
punto de vista.
No
se puede discutir que se debe tomar medidas respecto, pero para aplicar la
norma primero la municipalidad debe adecuar su sistema operativo, de lo
contrario está dando sobrados elementos para recurrir a la justicia ante las
fallas de la norma en cuestión.
Primero,
este fin de semana se hizo un operativo pero con personas que no pertenecen a
la planta de empleados, con agentes externos y con personas que cobran de forma
irregular (por hora) los que no pueden ejercer como “inspectores”, ya que no reúnen
condiciones mínimas. En el operativo se produjo el secuestro de algunas motos,
por disposición de personas ajenas al municipio, algo totalmente irregular con
lo que cualquier abogado – hasta un cualquier Delvecchio – puede hacerse un
picnic con nuestra comuna. Al final… “terminará siendo más caro el collar que
el perro”, como reza el adagio popular.
¿Qué
autoridad tiene una persona que cobra por horas, sin nombramiento alguno en
nuestra municipalidad para ejercer funciones de ‘inspector’?
Más
grave aún es el destino que se le da a los rodados. Los mismos son depositados
en el ex palacio municipal, donde son dejadas arbitrariamente sin el acta
correspondiente donde se describa el estado, accesorios, etc. para evitar
cualquier reclamo posterior, incluso en el lugar no existe vigilancia, por lo
que se está exponiendo a que las unidades puedan desaparecer total – o parcialmente
– terminando en un perjuicio privado que terminará en una demanda judicial, con
toda seguridad.
Tampoco
hay una acto de secuestro formalizado por la jueza que debería ser la autoridad
competente para dar los pasos formales, ni tampoco está establecido el canon diario
que deberán abonar los sancionados, ni el formulario autorizado para la multa, ni
donde, ni cómo deberán pagar.
Estamos
en la antesala de demandas judiciales que lloverán si no se hacen las cosas
como corresponden.
Concejales…
¡a ponerse las pilas y a legislar como corresponde antes que sea tarde!
