sábado, 7 de mayo de 2016

SE DESTAPA LA OLLA. EL CURRO DE LOS ASFALTOS "K"





Intendente devuelve 13 millones de sobreprecio ....


HAY VARIAS MUNICIPALIDADES EN LA MIRA...
EL SOBREPRECIO NO ERA MÁS QUE EL REPARTO ENTRE FUNCIONARIOS Y EMPRESAS.
Frigerio firmará el martes en Paraná un convenio con el intendente radical de Larroque para aceptar la devolución a la Nación de 13 millones de sobreprecio de una obra de pavimento aprobada por su antecesor peronista.
El intendente de Larroque, Darío Benedetti, emitió un decreto por el que declara lesiva a los intereses municipales la contratación realizada en 2015 con la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OIC SA), para la construcción de 14 cuadras de pavimento, financiadas por el gobierno nacional. 
La anterior administración municipal, a cargo de Raúl Riganti (FpV) acordó el pago de unos 21 millones de pesos por esa obra. Su sucesor de Cambiemos encargó una auditoría que determinó que la obra costó poco más de 5 millones. La empresa cobró hasta ahora un poco más de 8 millones y Benedetti pretende que devuelva los tres que sobran. 
Además, Nación destrabó la segunda parte del pago de la obra por unos 13 millones, que se encuentran acreditados en la cuenta del municipio. Pero, en lugar de girarlos a la empresa, Benedetti decidió devolverlos al Ministerio del Interior. 
Hasta anoche se preveía que esa restitución se formalizaría hoy, en Paraná, con la firma de un convenio entre el ministro Rogelio Frigerio y el intendente Benedetti. Pero a última hora el Ministro del Interior aplazó su visita a Entre Ríos por razones de salud. Todo pasó, en principio, para el martes. 
En ese convenio, además de aceptar el reintegro de los 13 millones, el ministro se comprometerá a afrontar, desde la cartera a su cargo, los eventuales costos económicos que puedan derivar de un reclamo judicial de la empresa. 
El intendente de Cambiemos, acompañado de los abogados del municipio, efectuó este miércoles la correspondiente denuncia penal ante el fiscal Sergio Rondoni de Gualeguaychú, para que investigue un supuesto fraude a la administración pública por parte de la empresa y el incumplimiento de los deberes de funcionarios público de parte de las autoridades municipales de la anterior gestión. 
Además, Benedetti planteará en los tribunales de Paraná la demanda a la empresa para que devuelva los 3 millones que cobró demás, según los cálculos de la auditoría que, en apretada síntesis, determinó que el proceso del concurso de precios N° 09/2015 “está plagado de irregularidades al inicio, durante su tramitación, en su adjudicación y en la realización de la obra”.

Detalles 
En mayo del 2015, Riganti celebró un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación General, para la construcción de 14 cuadras de pavimento por un monto de 21,6 millones de pesos. 
La denuncia de Benedetti relata que mediante una resolución del presidente del Concejo Deliberante, y sin aprobación del cuerpo legislativo, Riganti evitó llamar a una licitación pública, en contra de lo que determina la ordenanza de compras del municipio, y otorgó la obra mediante un simple concurso de precios. 
Curiosamente, no se convocó para ello a ninguna empresa de la zona y a ninguna de las firmas registradas en el listado de proveedores del municipio. 
Riganti invitó a cotizar a OIC S.A, (con sede en la Ruta 18, kilómetro 11.5, San Benito, departamento Paraná); a Szczech Néstor Iván, domiciliada en Pedraza 580 de Paraná; y a L y Construcciones SA, también de Paraná. 
Sin embargo, las planillas de cómputo y presupuesto fueron envidas sólo a las dos primeras. Ambas hicieron una oferta similar, superior a los 21 millones, aunque OIC SA fue la más económica. 
La idea de que todo el concurso no fue más que una puesta en escena se refuerza con un dato llamativo que aporta la auditoría: OIC SA contrató el seguro de caución por mantenimiento de oferta el 17 de abril de 2015, esto es, 54 días antes del dictado del decreto que llamó a concurso de precios y fijó el presupuesto oficial. En otras palabras, OIC SA estaba en conocimiento, ya el 17 de abril de 2015, que la Municipalidad de Larroque convocaría el 11 de junio de 2015 a un concurso de precios para la construcción de 14 cuadras de asfalto con un presupuesto oficial de 21.645.121,95, para así contratar un seguro de caución de mantenimiento de oferta del 1% exacto calculado sobre dicho presupuesto. 
La auditoria estuvo a cargo del ex secretario de Justicia de Entre Ríos, Rubén Virué (izquierda en la foto) que supo trabajar junto a Carlos Zannini en la secretaría Legal y Técnica de la presidencia de la Nación. 
Virué mantiene un fuerte encono con Riganti luego de haber sido su viceintendente en la gestión 2007-2011, cuando comenzaron las diferencias que se fueron profundizando con los años. 
El 2015 Virué se resolvió a dar la pelea. Compitió por la candidatura a intendente por el FpV con la esposa de Riganti, Mónica Gayosa. 
Virué perdió la interna, pero en la campaña para las elecciones generales el radical Benedetti prometió convocarlo para que, mediante una auditoría, detecte las irregularidades en la gestión de Riganti que el precandidato peronista había denunciado durante la pelea interna. 
Así fue. Lo primero que detectó Virué fue el sobreprecio de las 14 cuadras de asfalto y cuando llegó la plata de Nación aconsejó al intendente Benedetti que no pague a la empresa. 
En el decreto de lesividad, realizado en base a la auditoría de Virué, se denuncia la “connivencia entre la administración y la empresa” que “emerge de varios elementos que han sido ponderados, ya que es ese acuerdo de voluntades con fines defraudatorios lo que posibilita el ardid”. 
Incluso se pueden leer consideraciones sobre “el esquema de corrupción con dineros públicos entre los entes de la administración pública y particulares” que “se empieza a desmantelar en Argentina y a descubrir un patrón o modus operandi similar: la utilización de la obra pública y empresas particulares para desviar fondos para el pago de campañas políticas o a bolsillos de personas físicas”. 
“Para ello se acude a contrataciones directas, cotejos de precios, elusión de los mecanismos de licitación pública, ausencia de controles, pliegos a medidas o elaborados por la propia empresa, cotizaciones de otras empresas en connivencia con la que ofrece el mejor precio, inspectores de obra que no controlan, empleados que advierten los ilícitos pero callan por temor a perder el empleo, etc. Todo ello acontece en este disfraz de contratación pública”, se afirma.