NO ES FÁCIL FALSIFICAR UN EXPEDIENTE PÚBLICO MUNICIPAL

REQUIERE DE UNA ESTRATEGIA PELIGROSA Y DE MUCHOS PARTÍCIPES

En estos días se ha rumoreado mucho acerca de la posibilidad de fraguar un expediente donde se pueda armar una estrategia de habilitación para el mega evento frustrado que quedó expuesto ante la opinión pública provincial gracias a la acción decidida de SAN BENITO AHORA.

La tarea de falsificar es compleja cuando se trata de un expediente público, máxime cuando no todos los actores o partícipes necesarios conocen en profundidad de lo que se trata en realidad. Muchos conocen una versión parcial de los hechos y a veces en el afán de ayudar a quienes los gobiernan o los ayudan con aportes o beneficios extras no saben dónde termina el acomodo de los tantos para que todo parezca dentro de la ley.

En nuestra municipalidad, para fraguar un expediente es necesaria la participación de muchas personas, ninguna de ellas que esté desconociendo de lo que se trata porque los hechos son de público conocimiento.

Cualquier solicitud toma forma de expediente y se inicia en Mesa de Entradas donde lleva un orden correlativo fecha por fecha en un Libro foliado, por lo cual para hacer ingresar una nota con fecha anterior es necesario adulterar el mismo; hay dos posibles formas, por lo menos: una sería hacer desaparecer una nota cualquiera que hay ingresado con anterioridad, utilizar ‘liquid paper’ y sobre escribir en el renglón la nota de marras y la otra sería la de ingresarla “entre renglones” aduciendo que hubo un “olvido involuntario”… “se me chispoteó”… y otras santas excusas.

En este caso hay por lo menos tres personas que toman conocimiento del ilícito.

La nota comienza su calvario oficial desembarcando en la Caja de Recaudación Municipal, dependiente de la Tesorería, donde un cajero deberá registrar el pago de la tasa correspondiente con un ticket que va impreso en la misma cuyos números son correlativos y llevan hora y fecha, estando incorporados al sistema informático municipal. En esa área al menos otras tres personas deberían estar en conocimiento para que se produzca la acción fraudulenta.

Pero como es imposible hacer esta operación desde la Caja Municipal se requiere la participación de un analista para engañar el sistema informático sin dejar rastros comprometedores que otros expertos pudieran detectar en el futuro, algo muy comprometedor porque los expertos en la materia no sobran y porque configura una grave falta penada independientemente por la ley.

Una vez sorteado este difícil escollo, el expediente debe iniciar una ronda similar a una mateada colectiva con la consigna “chupe y pase”; la parte de rentas debe actuar y determinar las tasas que corresponden, sea la propia de la actividad comercial a desarrollar, las obligaciones antes de inscribirla, la determinación, sellado o troquelado municipal de las entradas oficiales que se venderán para el tributo del 10% que corresponde, las actividades a desarrollar si requieren de otros tributos, registro en el municipio de terceros involucrados (por ejemplo si las barras serán explotados por terceros), la libreta sanitaria de cada uno de los que trabajen en atención al público, inscripción en AFIP y Rentas de Entre Ríos de la sociedad, certificados de  buena conducta, etc.

También debe actuar la Tesorería, en los controles anteriores.

Debe emitir dictamen la parte técnica de obras y servicios públicos, con la firma de profesionales responsables, tanto en los que respecta a la factibilidad técnica como al encuadre en las ordenanzas vigentes, sobre los panos presentados por los organizadores donde consten cuestiones elementales.

Todo ello debe ser ratificado por la jefa el área Contable, Obras y Servicios Municipal.

El área de Inspección  y Tránsito debe emitir dictamen, opinando acerca de la factibilidad de acuerdo a las leyes vigentes y la posibilidad concreta del área a su cargo de contar con personal suficiente para afrontar el control en caso de autorizarse finalmente lo solicitado.

Finalmente la actuación de la Jueza de Faltas que debe observar cualquier irregularidad si hubiese alguna denuncia respecto a lo que se intenta realizar, la firma del intendente y del secretario de gobierno, coronan un expediente que puede parecer muy bonito pero que debe ser legítimo mirándolo desde todos los ángulos.
Demás está decir que hya dos empleados municipales que se suman a esta troupe que son los asesores jurídicos que,  ni pensar, pudieran haber influido de cualquier manera posible a alguien en particular.

En el controvertido “Caso Garden”, un expediente falsificado se agregaría a la causa como un anexo, o como parte integrante de un todo que va mucho más allá de una simple autorización fraguada.

Hasta aquí ya hay certezas innegables que aclaran el panorama futuro. El caso está denunciado ante la justicia penal. Allí se resolverá la cuestión para lo que cada cual asumirá su defensa como corresponde; ya hemos publicado que la jueza de faltas, en principio, fue denunciada por lo que se interpreta como falta a sus deberes como funcionario público, como también el intendente por la misma causa, al que se le suma la posibilidad de haber formado una asociación ilícita.

Para los municipales no termina todo en la nota mencionada al principio, sino que el ingreso de facturas por pagos determinados podrían significar la apertura de una causa paralela, por compras que resultasen – al menos – sospechosas en los últimos tiempos y que no hayan sido observadas como corresponde.

Pesa como espada de Damócles la posibilidad de un tercera denuncia por “estafa” que, si no se conoce de forma perentoria la disposición a devolver el dinero de las entradas, se produciría en las próximas horas.