martes, 23 de abril de 2013

SE HACEN OPERATIVO CON FUNCIONARIOS TRUCHOS


GRAVE FALTA QUE PUEDE DERIVAR 
EN FUTURAS DEMANDAS JUDICIALES
La flamante ordenanza que dispone el secuestro de motos en San Benito adolece de graves falencias instrumentales que deberán ser observadas de forma urgente por los concejales si no quieren tener denuncias a raíz de su arbitraria aplicación.
El Decreto reglamentario para aplicar la norma tiene fecha del 16 de abril – es decir - todavía tiene la tinta fresca. El objetivo que persigue no se discute, sino que su aplicación cuenta con omisiones que van en perjuicio de los afectados, los que terminan siendo sancionados de forma extemporánea e ilegal desde todo punto de vista.
No se puede discutir que se debe tomar medidas respecto, pero para aplicar la norma primero la municipalidad debe adecuar su sistema operativo, de lo contrario está dando sobrados elementos para recurrir a la justicia ante las fallas de la norma en cuestión.
Primero, este fin de semana se hizo un operativo pero con personas que no pertenecen a la planta de empleados, con agentes externos y con personas que cobran de forma irregular (por hora) los que no pueden ejercer como “inspectores”, ya que no reúnen condiciones mínimas. En el operativo se produjo el secuestro de algunas motos, por disposición de personas ajenas al municipio, algo totalmente irregular con lo que cualquier abogado – hasta un cualquier Delvecchio – puede hacerse un picnic con nuestra comuna. Al final… “terminará siendo más caro el collar que el perro”, como reza el adagio popular.
¿Qué autoridad tiene una persona que cobra por horas, sin nombramiento alguno en nuestra municipalidad para ejercer funciones de ‘inspector’?
Más grave aún es el destino que se le da a los rodados. Los mismos son depositados en el ex palacio municipal, donde son dejadas arbitrariamente sin el acta correspondiente donde se describa el estado, accesorios, etc. para evitar cualquier reclamo posterior, incluso en el lugar no existe vigilancia, por lo que se está exponiendo a que las unidades puedan desaparecer total – o parcialmente – terminando en un perjuicio privado que terminará en una demanda judicial, con toda seguridad.
Tampoco hay una acto de secuestro formalizado por la jueza que debería ser la autoridad competente para dar los pasos formales, ni tampoco está establecido el canon diario que deberán abonar los sancionados, ni el formulario autorizado para la multa, ni donde, ni cómo deberán pagar.
Estamos en la antesala de demandas judiciales que lloverán si no se hacen las cosas como corresponden.
Concejales… ¡a ponerse las pilas y a legislar como corresponde antes que sea tarde!

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